Llamada de atención de Oxfam en Guatemala por los hechos violentos contra líderes del Pueblo Xinka y otras comunidades de pueblos indígenas

“Es preocupante que se den estos hechos violentos y se criminalicen organizaciones sociales y líderes que ejercen su derecho a proteger la tierra y recursos naturales de la localidad”
Ana Eugenia Marín
directora de Oxfam en Guatemala
Published: 22 March 2013

Varias organizaciones de Guatemala e internacionales se han pronunciado para solicitar a los órganos de justicia que esclarezcan el asesinato, secuestros y las violaciones a derechos humanos cometidas el 15 de marzo pasado contra líderes del Pueblo Xinka del departamento oriental de Jalapa.

Tras el secuestro y asesinato por asfixia de Exaltación Marcos Ucelo, líder del Parlamento Xinka (principal órgano de decisión comunitaria), los secuestros del líder Roberto López, de Rigoberto Aguilar, alcalde indígena del municipio de Santa María Xalapán y de Roberto González, Presidente del Parlamento y Mayordomo del pueblo indígena Xinka, Oxfam en Guatemala se une al reclamo de la comunidad nacional e internacional para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas contra hombres y mujeres líderes indígenas que ejercen su derecho a defender la tierra y sus territorios.

Este hecho se suscitó después que los cuatro líderes regresaran de la comunidad El Volcancito, del municipio de San Rafael Las Flores (en el departamento de Santa Rosa) donde se realizó una consulta comunitaria de buena fe para qué la comunidad decidiera sobre la implementación del proyecto minero “El Escobal”, propiedad de la empresa minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources. Este proyecto afectará a más de 3 mil habitantes, aproximadamente.

En ese contexto, Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oancnudh), afirmó en su informe reciente sobre el ataque contra líderes que “estos eventos también evidencian la necesidad que el Estado siga cumpliendo con su deber de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de los manifestantes mientras estos ejercitan su derecho a la protesta. En Guatemala, la militarización de la seguridad sigue siendo un tema pendiente, y hay que hacerle un llamado al Ministerio Público a fortalecer sus procesos de evaluación y desempeño”.

La directora de Oxfam en Guatemala, Ana Eugenia Marín, dijo que, “es preocupante que se den estos hechos violentos y se criminalicen organizaciones sociales y líderes que ejercen su derecho a proteger la tierra y recursos naturales de la localidad, teniendo en cuenta que hasta el momento la empresa minera no ha respetado el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Un derecho adquirido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los pueblos indígenas como compromiso de Estado”.

En este sentido, Brunori instó al Gobierno a fortalecer los mecanismos e instituciones encargadas de resolver conflictos sociales, incorporando un enfoque de derechos humanos y abordando las causas estructurales de estos conflictos. “Pido al Gobierno que reconozca públicamente y exprese su apoyo al trabajo que realizan los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país”.

Por su parte, Oxfam en Guatemala y diversos organismos internacionales hicieron un llamado al Gobierno de la República, en especial a las instancias de justicia, para esclarecer los hechos. “Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas y a las organizaciones locales y nacionales que sufren amenazas por su trabajo en defensa del cumplimiento de las leyes vigentes en el país, en defensa del derecho de las personas a saber y a decidir sobre lo que ocurre con los recursos naturales”, finalizó la directora.

Notes to Editors

Información complementaria:

Estos crímenes se suman a otros sucedidos recientemente: el pasado 28 de febrero, cuando Tomás Quej, líder campesino de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CONIC), apareció asesinado en la comunidad Chirretz’aaj, Cobán, Alta Verapaz. El 8 de marzo, Carlos Antonio Hernández, líder de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) fue asesinado en Chiquimula. El 12 de marzo fue asesinado Jerónimo Sol Ajcot, también líder de CONIC, en la aldea Chacayá, de Santiago Atitlán, Sololá.

También el 15 de marzo, Rubén Herrera, dirigente de la Asamblea Departamental de Huehuetenango y miembro del Consejo de Pueblos de Occidente, fue capturado por orden del Juzgado de Santa Eulalia. En este mismo juzgado existen otras 18 órdenes de captura contra líderes comunitarios y han sido procesadas 4 personas que ahora mismo tienen clausurada la causa penal a raíz de las acusaciones falsas de provocar daños a la propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Ecoener-Hidralia Energía.

Recientemente, Germán y Santiago Vargas Hernández, dirigentes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), fueron interrogados y detenidos ilegalmente por agentes que se identificaron como parte de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC), minutos antes de realizarse una audiencia a la que habían sido citados por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Cobán, en Alta Verapaz

Oxfam en Guatemala ratificó su llamado a la ciudadanía nacional e internacional para mantenerse vigilantes y garantizar la vida de autoridades legítimas y de mujeres y hombres que, en cumplimiento de lo estipulado en diversos instrumentos nacionales e internacionales que garantizan su derecho a defender la tierra y recursos naturales, se ven amenazados por proyectos de explotación minera.

Asimismo, la Campaña CRECE-Vamos al Grano, Campaña Guatemala sin Hambre y el Foro de ONG’s Internacionales manifestaron su rechazo ante esta clase de acontecimientos, demandando al Gobierno que garantice la vida y derechos humanos a las comunidades que deciden sobre el modelo de desarrollo que desean para su población.

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