El Salvador: La alimentación es un derecho, no una mercancía

El Salvador, conocido como el pulgarcito de América Latina, es uno de los países con mayor densidad poblacional del continente. Actualmente atraviesa un proceso acelerado de urbanización que alcanza al 62.7% de la población, pero pese a los avances en materia económica y social de los últimos años, persisten preocupantes condiciones de pobreza e inequidad que afectan a cerca del 40% de la población.

En ese contexto, se enfrenta el reto de asegurar la producción de alimentos adecuados y suficientes para una población que en 2050 alcanzará los 8.1 millones de habitantes. El camino no es fácil. Según cifras oficiales del 2008, de cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 20 padecen desnutrición crónica. Esta proporción se eleva en las zonas rurales del país, afectando principalmente a las mujeres, quienes, paradójicamente, producen el 80% de los alimentos que se consumen en El Salvador.

Sumado a la desnutrición, existe también un problema creciente de malnutrición. Desde 1998 el sobrepeso y la obesidad infantil se han incrementado en un 40% y más del 50% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad presentan problemas de sobrepeso u obesidad. Esto aumenta las enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes, entre otras.

Pocos incentivos para la agricultura

Tras esta problemática hay elementos causales, como la dificultad para acceder a alimentos suficientes y de calidad o los cambios en los patrones de consumo. Pero también hay causas estructurales más profundas como el modelo económico instaurado en la década de los noventa, que privilegió la maquila, el comercio y los servicios financieros, por encima del desarrollo agropecuario y rural. Así, El Salvador pasó de tener una participación del 23% del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) en 1989 a representar menos del 13% en 2012.

También las políticas e incentivos hacia sectores agroexportadores y el abandono de la agricultura familiar y campesina, han generado una fuerte dependencia de la importación de alimentos. El Salvador importa un 87% del arroz que consume, el 26% de frijol y un 43% de maíz. Esto implica una mayor vulnerabilidad ante la variabilidad de los precios de los alimentos a nivel mundial.

Frente a este escenario se han dado avances importantes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. El Plan de Agricultura Familiar (PAF) en 2010, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2016, y el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada, en 2012. Sin embargo, tras un año de haberse aprobado la reforma constitucional, no se ha logrado su ratificación.

También se ha abierto la discusión para la creación de un Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Actualmente hay más de 10 iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa en esta materia, provenientes de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Pero esta situación plantea varios desafíos: existen puntos medulares sobre los cuales se debe discutir y que enfrentan directamente los valores de la agricultura familiar y campesina con el poder económico en el país: son un ejemplo el uso de semillas transgénicas, regulación del mercado de alimentos, control a las importaciones de agroquímicos, ampliación del límite de tierras o el acceso a recursos productivos (tierra y agua).

Garantizar alimentos para toda la población

En este camino, el movimiento social, campesino y de mujeres rurales agrupados en la “Mesa por la Soberanía Alimentaria”, está luchando para concretar el derecho a una alimentación adecuada y una soberanía alimentaria, donde el rol de las mujeres en la producción de alimentos, la promoción de mercados y la asignación presupuestaria para el sector de la agricultura familiar y campesina sean puntos clave.

Se trata de un proceso alentador porque busca fortalecer un movimiento amplio nacional a favor de un futuro donde todas y todos tengamos suficientes alimentos y donde la alimentación sea un derecho y no una mercancía.

Escrito por Ana Iris Martínez, coordinadora de la Campaña CRECE en El Salvador.


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