Mujer trabajando en los campos de arroz. Crédito: Jerry Carreon/Oxfam
Mujer trabajando en los campos de arroz

Filipinas: Una batalla contra las minas

Juanita Cut-ing recuerda el día en el que dos soldados armados se presentaron en su casa acompañados de los representantes de la empresa minera para obligarla a vender su tierra.

“Intentaron obligarme a firmar el recibo [de una oferta de compra] pero me negué. Tenía miedo porque habían visto el cartel en el exterior de mi casa con el mensaje “no a las minas”. Los militares estaban allí con el dedo en el gatillo, escudriñando la parte trasera de la casa y el baño”, recuerda.

La historia de Juanita es una de las muchas que se incluyen en el último informe del Defensor del pueblo en asuntos mineros redactado por Oxfam Australia, que se centra en la propuesta de excavación minera de oro y cobre en la parte centro-septentrional de la isla de Luzón, en Filipinas. Didipio es una región agrícola fértil en la que se cultivan alimentos para el consumo y otros de tipo comercial como cítricos, que dependen todos ellos del agua proveniente de un río cercano.

El informe explica las tácticas empleadas por la empresa minera australiana Oceana Gold para intentar establecer la mina a pesar de la oposición de muchos miembros de la comunidad. Sin ir más lejos, el pasado octubre la comunidad de Didipio eligió un nuevo consejo local con presencia mayoritaria de concejales en contra del proyecto minero.

Nuestro Defensor del pueblo en asuntos mineros se implicó en el caso a petición de los miembros de la comunidad local que denunciaron la persistencia de la empresa en el establecimiento de la mina desoyendo los deseos de la comunidad. Durante los últimos cinco años, el Defensor del pueblo en asuntos mineros se ha entrevistado con todas las partes y ha participado en reuniones comunitarias a las que asisten cientos de vecinos de Didipio, así como en encuentros con funcionarios del gobierno, concejales locales y representantes de la empresa minera.

Los resultados de este proceso de investigación son alarmantes. Entre las artimañas utilizadas se incluyen la extorsión a los habitantes para conseguir que vendan sus tierras al precio fijado por la empresa, el uso de procedimientos legales intimidatorios contra agricultores analfabetos, el soborno de concejales elegidos democráticamente ofreciéndoles dinero, trabajo o precios exorbitados por las tierras, y la creación deliberada de un ambiente de crispación que fomenta la división de la comunidad acerca de la operación minera en debate.

Detrás de toda esta problemática se encuentra el derecho de la población indígena y los miembros de la comunidad local a ser escuchados y a tomar parte activa en las decisiones que pueden tener repercusión en sus vidas. Para los habitantes de Didipio, esto significa tener la oportunidad de aprobar o rechazar la mina, sin sentirse coaccionados ni manipulados, y con los hechos por delante.

Aunque podamos pensar que las empresas mineras australianas contribuyen al desarrollo local y a la erradicación de la pobreza, el caso de Didipio destaca la necesidad de crear un mecanismo formal de reclamación independiente para las comunidades afectadas por las empresas mineras australianas en el exterior.

Este mecanismo favorecería la protección de los derechos individuales y comunitarios, obligaría a las empresas con menos ética a mejorar sus prácticas y aumentaría la responsabilidad de las empresas ante las comunidades afectadas por la actividad minera. Finalmente, y lo que es más importante, haría que comunidades como Didipio fuesen escuchadas.