Un habitante de la localidad al lado de los residuos mineros en el centro de la ciudad de Prestea
Un habitante de la localidad al lado de los residuos mineros en el centro de la ciudad de Prestea

Ghana: Los habitantes aprenden a defender sus derechos ante las empresas

Los agricultores de Ghana hablan abiertamente del impacto producido por las minas de oro en sus comunidades y de cómo, con la educación adecuada sobre sus derechos humanos, pueden exigir responsabilidades a las empresas mineras y al gobierno local.


Paul Ayensu, un agricultor de una pequeña ciudad llamada Teberebie, poseía una minúscula huerta entre el verdor de la selva tropical al oeste de Ghana equivalente a un tercio de acre. Allí tenía 12 cultivos diferentes: ñames, palmeras, mandioca, piñas, cacao y otras hortalizas. “Producía muchos alimentos y eso me generaba ingresos”, afirmó. “Pasaba todo el día allí”.


Cuando el gobierno asignó la propiedad de los minerales situados bajo su huerta a una empresa minera internacional en 1991, Ayensu, que en aquel entonces tenía 37 años, su mujer y sus cuatro niños descubrieron que la compensación económica que iban a recibir por la tierra había sido arbitrariamente recortada en dos tercios. “Me afectó tanto que lloré", dijo Ayensu. “Antes comíamos gracias a la huerta… y ahora mis niños no van a la escuela y ya no puedo volver allí”.


Es una historia que, por desgracia, se repitió en muchos otros países con recursos mineros. Sin embargo, los agricultores de Teberebie se están formando para conocer y reafirmar sus derechos humanos básicos, para así volver las tornas del asunto.


En busca del oro


La mayor parte de los beneficios generados por las minas repercuten directamente en las empresas extranjeras que las explotan. Según un informe de las Naciones Unidas del año 2005, sólo el 5% de los 894 millones de dólares generados por la explotación minera durante el año 2003 repercutió en la economía de Ghana, lo que representa 46 millones del total de 11.000 millones de la economía del país. “Nuestro país es pobre porque los que tienen el dinero controlan nuestros recursos”, dice Daniel Owusu-Koranteng, de la asociación Wassa de comunidades afectadas por la minería (Wassa Association of Communities Affected by Mining o WACAM), una organización de ayuda a la protección del medioambiente y a la defensa de los derechos humanos. “El 95% de los ingresos provenientes de la minería salen del país, mientras que únicamente el 5% permanecen en él y todos los problemas subyacentes repercuten de manera interna”.


Los problemas son mucho más graves que la pérdida de tierras por parte de los agricultores. La BBC informó en 2006 que al menos 12 personas habían sido tiroteadas en los violentos enfrentamientos contra el cuerpo de seguridad de las minas y las fuerzas policiales. Además, se produjeron muchos vertidos de cianuro cerca de ríos y regatos imprescindibles para el riego y el consumo humano. Owusu-Koranteng explicó que el 5% de los beneficios de la minería que se quedan en Ghana no son suficientes para solucionar todos estos problemas.


Vencer la injusticia


Oxfam América financia el trabajo de la WACAM, la organización que dirige Owusu-Koranteng. La WACAM enseña la constitución de Ghana a los habitantes y los derechos que contempla la Ley de Minerales y Minería del 2006. Al conocer esta información, los agricultores pueden hacer valer sus derechos y exigir una compensación justa por sus tierras. Asimismo, pueden exigir responsabilidades a las empresas por el daño medioambiental causado.


El significado del respeto


Los 400 habitantes de Abekoase, de los cuales la mitad ya habían resultado desplazados a causa de la minera Gold Fields, demandaron a dicha empresa en 2002. A finales de 2003, Abekoase y Gold Fields llegaron a un acuerdo extrajudicial que incluía la edificación de un centro cívico y un fondo de desarrollo de 27.000 dólares que se emplearía para levantar una nueva escuela y alojamientos para los profesores. También se está construyendo un centro de procesamiento de aceite de palma.


“El trato fue bastante justo”, dijo Nyamiketh, el jefe de la ciudad, reconociendo la ayuda prestada en el caso por la WACAM y el CEPIL (del inglés Centre for Public Interest Law o Centro a favor del Derecho de Interés Público). “Si no fuera por la WACAM, nadie nos habría ayudado ya que parece que las instituciones gubernamentales están de parte de las empresas mineras”.