Oxfam Internacional denuncia la presión creciente sobre los activistas pro derechos sociales y económicos en África

Publicado : 23 Febrero 2007

La detención de un activista anticorrupción recuerda la situación vulnerable de muchos activistas pro derechos económicos y sociales en África y la necesidad de un compromiso internacional más fuerte liderado por la Unión Africana y por los gobiernos de los países de origen de las compañías mineras y petroleras, para poder así luchar por la protección de los derechos humanos de estos activistas.


Sarah Wikes, activista del grupo Global Witness, fue arrestada el pasado domingo 18 de febrero en la provincia petrolera de Cabinda (Angola). Wikes fue puesta en libertad el 21 de febrero, pero los cargos en su contra siguen pendientes y todavía no está claro cuando se le permitirá salir del país.


Oxfam Internacional, Global Witness y otras organizaciones y redes internacionales y africanas trabajan conjuntamente en la campaña Publica lo que pagas (PWYP, sus siglas en inglés) para promover la transparencia y el acceso a documentos donde consten los pagos y contratos entre gobierno y compañías petroleras, de gas y mineras, con el fin de impedir la corrupción.


Los gobiernos de estos países africanos junto con las industrias extractivas serán sometidos a un riguroso examen por el movimiento global Publica lo que pagas, que pide regulaciones más estrictas en el sector. El aumento de la transparencia en los temas financieros de estas compañías permitirá una redistribución más justa de los ingresos y una inversión transparente de las acciones en las prioridades urgentes de desarrollo.


Las actividades mineras y petroleras en África producen unos beneficios crecientes por la exportación, pero la mayoría de los países productores todavía viven en pobreza extrema, como concluye el informe ¿Tesoro escondido? En búsqueda de los ingresos de la minería del oro en Mali que se ha presentado recientemente.


La detención de Sarah Wykes en Cabinda es el último de un número creciente y continuado de casos similares. Hacia finales del 2006 líderes de organizaciones comunitarias de Ghana y un representante de Oxfam Internacional fueron arrestados durante una reunión informativa en la comunidad minera cercana a la enorme mina de oro de Newmont (norte de Ghana). A principios del año pasado, Christian Mounzeo y Brice Mackoso, los dos coordinadores de la coalición Publica lo que Pagas en Congo Brazzaville fueron arrestados y han sufrido acoso político y judicial desde abril de 2006.


En todo el mundo, Oxfam apoya a las organizaciones comunitarias para que puedantener una voz más potente al exigir el respeto de los derechos culturales, sociales y económicos, así como el fin de los abusos.


Con esta última detención, que pone de manifiesto esta tendencia extremamente preocupante, Oxfam hace una llamada a las autoridades de Angola, Ghana, Congo Brazzaville i otros países ricos en recursos para que respeten los derechos de los ciudadanos, incluyendo a activistas que luchan por una mejora en la gestión de la abundancia de recursos naturales.


Oxfam hace una petición firme a las autoridades de Ghana, Congo Brazzaville y Angola para que liberen inmediata e incondicionalmente a los activistas de la sociedad civil que trabajan por la transparencia de los ingresos y pide también que cesen los juicios y el acoso a la sociedad civil que trabaja estas cuestiones.


Oxfam considera que la Unión Africana, los gobiernos de Ghana, Congo Brazzaville y Angola, los gobiernos de los países originarios de las compañías mineras y petroleras y el consejo Extrative Industries Transparency Iniciative (EITI) deberían tener una postura firme y clara en lo que respecta a la protección de los activistas de Justicia Económica y Derechos Sociales. Todos compartimos el mismo objetivo, gestionar bien los recursos naturales para que la población africana se beneficie de sus riquezas y pueda satisfacer la mayor parte de sus necesidades fundamentales.
 

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