Oxfam, satisfecha con los avances hacia un marco regulador sobre la información financiera de las empresas

“Para lograr mejoras efectivas en la gobernabilidad y que la información llegue realmente a los ciudadanos, es necesario dar un paso adelante e impulsar reformas legislativas de más amplia cobertura como la aprobada en Estados Unidos en Julio del año pasado, conocida como Dodd-Frank.”
Publicado : 4 de marzo 2011

La medida supondrá una mayor transparencia de la industria extractiva

Oxfam acoge positivamente los avances que se están produciendo hacia un marco regulador de obligado cumplimiento sobre la información financiera que han de presentar las empresas al concluir  la cumbre anual de la Iniciativa por la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI por sus siglas en ingles). Esta coalición está formada por gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para promover un mayor índice de gobernabilidad en los países ricos en recursos naturales. España, que es miembro y financiador de la iniciativa, aportando un millón de euros, forma este año parte de la junta directiva.

Once países han recibido la validación de la EITI tras haber completado los requerimientos que conllevan la publicación y verificación tanto de los pagos realizados por las empresas petroleras, gasísticas y mineras como las cantidades percibidas por los propios gobiernos.

“La EITI es la prueba de que las iniciativas voluntarias son totalmente positivas en la lucha contra la corrupción. Pero es un marco voluntario, no aplicado en todos los países y con estándares variables. Para lograr mejoras efectivas en la gobernabilidad y que la información llegue realmente a los ciudadanos, es necesario dar un paso adelante e impulsar reformas legislativas de más amplia cobertura como la aprobada en Estados Unidos en Julio del año pasado, conocida como Dodd-Frank,” declara Susana Ruiz portavoz de Intermón Oxfam (Oxfam en España). “Es muy positivo ver el respaldo de países como Francia, Reino Unido o Alemania para impulsar un avance similar en el marco de la Unión Europea”.

La ley de reforma financiera Dodd-Frank obliga a todas las empresas mineras, petroleras y gasísticas registradas en el Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) a una rendición de sus cuentas anuales no consolidada, sino desglosada por proyecto en cada país en el que opera. Esta obligación sera applicable tanto a empresas nacionales como extranjeras, incluídas algunas europeas como Shell, BP o Total entre otras, pero también Chinas, Brasileñas o Sudafricanas. Repsol ya no se verá sujeta a esta nueva exigencia al anunciar recientemente su salida de la SEC. “Es el momento de que la UE dé los pasos para harmonizar sus exigencias de reporte financiero, que no tendrá un impacto negativo en la competitividad económica europea, argumento a menudo deliberadamente exagerado por el lobby industrial” señala Ruiz.

De las 10 mayores empresas mundiales, 7 son petroleras. Y de las 50 más rentables, 18 extractivas. Sin embargo, los países ricos en recuross naturales, que representan un 60% de la población mundial, cuentan con un largo historial de pobreza y corrupción, exacerbada en parte por la explotación de estos recursos.  Coaliciones internacionales de la sociedad civil como Public What You Pay (de la que forma parte Intermón Oxfam) a favor de una mayor transparencia financiera en la industria extractiva son respaldadas por la comunidad inversora que ve en este avance una posibilidad de mejora del riesgo reputacional y politico asumidos por las empresas.

“En España, Intermón Oxfam ha contado ya con el respaldo de fondos de inversion como Boston Common Asset Management y Storebrand para pedir a Repsol en su junta de accionistas que respalde los procesos regulatorios abiertos para logar de manera efectiva unos estándares de reporte financiero que reflejen de manera más transparente la actividad” declara Ruiz. “Esperamos que los avances regulatorios que se están dando para la actividad extractiva sean extensibles pronto al resto de sectores económicos, como mecanismo fundamental en la lucha contra la evasion y elusion fiscal que priva a los países en desarrollo de recursos esenciales para garantizar su propio crecimiento”.

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