La ayuda del siglo XXI

Reconocer los éxitos, superar los fracasos

La ayuda desempeña un papel clave en la salvaguardia de millones de vidas. En los últimos tiempos se han vertido innumerables críticas sobre la ayuda, y los detractores de la misma han utilizado ejemplos concretos de casos en que la ayuda ha fracasado para argumentar que toda la ayuda es contraproducente y debe por tanto reducirse o eliminarse por completo. Esta afirmación no sólo es incorrecta: es irresponsable.

La ayuda que no funciona para aliviar la pobreza y la desigualdad –una ayuda impulsada por intereses geopolíticos, que a menudo se malgasta en remunerar a asesores caros, o que sirve para crear un sinfín de estructuras gubernamentales paralelas que únicamente rinden cuentas a los donantes y no a los ciudadanos– tiene escasas posibilidades de ser eficaz.

En el presente informe se analizan experiencias sobre la ayuda, constatando que pese a que la ayuda por sí sola no puede acabar con la situación de necesidad de las personas que viven en la pobreza, ni compensar los desequilibrios extremos de riqueza que caracterizan al mundo de hoy, una ayuda de buena calidad en el siglo XXI no sólo salva vidas: puede resultar imprescindible para incrementar el potencial de las personas pobres para salir por sí mismas de la pobreza.

La ayuda por sí sola –incluso la ayuda del siglo XXI– no es suficiente para garantizar que todas las personas que viven en la pobreza puedan llevar una vida plena y digna. Pero ligada a las reformas sistémicas apropiadas, la ayuda sí puede sacar, y sacaría, a millones de personas de la pobreza y la necesidad.

Recomendaciones clave:

  • Velar por que la ayuda se canalice de manera que ayude a prestar apoyo a una ciudadanía activa, construir Estados efectivos como medio para reducir la pobreza y la desigualdad, y apoyar formas diversas de financiación para contribuir al desarrollo.
  • Aportar ayuda a través de una diversidad de modelos, incluyendo un aumento de la ayuda presupuestaria siempre que sea posible, y garantizar que una proporción de los flujos de ayuda se canalicen a través de organizaciones de la sociedad civil de manera que se capacite a las personas para ejercer un mayor control sobre sus gobiernos.
  • Mejorar drásticamente la previsibilidad de la ayuda, aumentando la proporción de ayuda aportada al presupuesto público siempre que sea posible, o mediante apoyo sectorial en los casos en que la ayuda presupuestaria no sea una opción factible; y limitar las condiciones  impuestas sobre la ayuda a unos indicadores de pobreza fijados de mutuo acuerdo.
  • Aportar al menos un 0,7 por ciento del producto interior en ayuda, especificando cómo se alcanzará este objetivo y estableciendo plazos legalmente vinculantes.
  • Rechazar la corrupción, hacer valer las normas de derechos humanos, y actuar de manera transparente y con rendición de cuentas.
  • Crear entornos legales de modo que las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de realizar un escrutinio de las actividades del gobierno puedan prosperar; y respetar la independencia de los organismos no gubernamentales como son los tribunales de cuentas y el sistema judicial.
     

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