Oxfam Internacional ante la V Cumbre ALC-UE: Sólo es posible un acuerdo justo si se reconocen las desigualdades

Por quinta vez se reúnen los jefes de estado de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) en la ciudad de Lima,  en medio de las negociaciones para avanzar en  los Acuerdos de Asociación (AdA) entre la UE y los países de MERCOSUR, Comunidad Andina, Centroamérica  y el Caribe.  Si bien hay una agenda amplia de negociaciones que incluye la cooperación para el desarrollo y el diálogo político, el contenido más controversial y disputado de las negociaciones gira alrededor del comercio.

Teóricamente, los AdAs buscan reducir la pobreza, alcanzar el desarrollo sostenible y la integración regional.  En la práctica, en lugar de promover el desarrollo estos acuerdos corren el riesgo de hacer que los países de la región sigan reproduciendo los actuales patrones de desigualdad y exclusión social.  Esto es lo que se ha observado en los contenidos negociados en  los EPAs (siglas en inglés para los Acuerdos de Asociación Económica) entre Europa y  76  países de África, Caribe y Pacífico (ACP), que todavía siguen sin ser firmados.

La UE está utilizando estos Acuerdos para imponer condiciones que van más allá de lo negociado  en el nivel multilateral (OMC) en temas y políticas como servicios, inversiones,  compras gubernamentales y propiedad intelectual, que son cruciales para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza y que deberían estar  excluidos  de los AdA. De insistir en incluir estos temas, se estarían colocando límites a las capacidades de los gobiernos latinoamericanos y caribeños para implementar políticas nacionales de desarrollo en estas áreas.  Además, se estarían colocando condicionantes a los procesos de integración que los países de  la región vienen construyendo.

Tal como están siendo negociados, los AdA obligarán a los agricultores y productores de los países de la región a competir bajo las mismas reglas que los productores europeos.  El problema fundamental es que no se está tomando en cuenta la profunda desigualdad económica y social entre los países europeos y los latinoamericanos y caribeños.   Cabe recordar que, sólo en el 2006, Europa gastó 50,000 millones de euros para apoyar a sus agricultores y ganaderos.  Las negociaciones, además, no están promoviendo mecanismos de cooperación para reducir las brechas en los niveles de desarrollo.

Así mismo, los negociadores europeos insisten en desconocer los beneficios ya concedidos a los países de la región  a través del sistema de preferencias (SGP+), y vuelven a poner en negociación productos que ya tenían libre acceso al mercado europeo.  Más aún, la UE pretende imponer un marco injusto de negociación al exigir paridad con los TLCs ya acordados con los EE.UU.  Ésta  estrategia ya ha sido usada con México, cuyo acuerdo emula el TLCAN, y es la misma que se pretende implementar en la negociación con los países centroamericanos con  relación al CAFTA.

Estos temas son de preocupación tanto de la sociedad civil de América Latina y el Caribe como de Europa.  Por ello, al mismo tiempo que se celebra la TLCAN, se está llevando a cabo el Encuentro Enlazando Alternativas 3 que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil europea, latinoamericana y caribeña. Estas organizaciones están buscando fortalecer un espacio de debate y de propuestas que plantee una respuesta alternativa a los AdA, un juicio crítico al comportamiento de las empresas transnacionales (ETNs), y que fortalezca  una propuesta de integración desde los pueblos latinoamericanos. Esta Cumbre de la sociedad civil impulsa proposiciones de cambio al modelo económico global y contribuye a crear condiciones para un diálogo democrático entre los gobiernos y sus ciudadanos.

En este marco, Oxfam Internacional considera que:Las negociaciones de los AdA deben reconocer el trato preferente para los países en desarrollo, en vez de imponer concesiones recíprocas entre socios desiguales. Los países de la región que actualmente negocian los AdA deben defender su derecho a tener un sistema preferente, a que se les considere plazos adecuados de liberalización –cuando sea pertinente-, y a  excluir de las negociaciones los temas estratégicos para su desarrollo.  

Deben hacerse evaluaciones rigurosas e independientes sobre el impacto que tendrán los AdAs en la profundización de la desigualdad dentro y entre los países de la región antes de firmar cualquier Acuerdo con la UE.

Frente a cualquier avance en las negociaciones con la UE, los países de la región deben priorizar sus propios procesos de integración regional, que reconozcan el derecho al desarrollo de sus países y pueblos.