Colombia: las falacias detrás de ZIDRES, una ley de “subdesarrollo rural”

La acumulación irregular de tierras aumentaría la desigualdad que hoy sufre Colombia. Foto: Oxfam


La Cámara de Representantes de Colombia está debatiendo en plenaria el Proyecto de Ley 223, con el que se pretende crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Se trata de un instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios —con antecedentes de baldíos— por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra. 

Organizaciones nacionales, campesinas y de productores, así como agencias internacionales, analizamos el proyecto de manera rigurosa y confirmamos una serie de anomalías que ya habían sido advertidas desde 2010, momento a partir del cual el gobierno ha insistido en modificar la ley agraria colombiana. 

En esta ocasión, el análisis evidencia que gran parte de los argumentos que el gobierno ha presentado como ventajas y beneficios del Proyecto de Ley carecen de sustento y que la información que se ha presentado a la opinión pública, no corresponde con la realidad del contenido del articulado.  

Las falacias del proyecto ZIDRES

El proyecto de ley debe ser archivado porque favorece la acumulación de tierras, pretende evadir las restricciones legales a la concentración baldíos y representa una amenaza para el campesinado y el desarrollo rural. Así concluye el análisis del proyecto ZIDRES realizado por la coalición formada por CODHES, CINEP Planeta Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas; Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Dignidad Agropecuaria y Oxfam. La colación sostiene que el proyecto se basa en dos falacias. 

La primera: El gobierno dice que el proyecto ZIDRES no es una ley de bienes baldíos y que se enfoca en el desarrollo de zonas actualmente improductivas. Eso no es así. La verdad es que varias de las disposiciones sí tocan aspectos relacionados con la tenencia de las tierras con antecedentes de baldíos. El artículo 7 contempla la concesión o arrendamiento de tierras baldías, el artículo 9 habla de la posibilidad de adquirir tierras con antecedentes de baldíos y el artículo 12 abre la posibilidad de legalizar la acumulación irregular de baldíos al proponer “sanear las situaciones imperfectas”. 

La segunda: El gobierno dice que las ZIDRES son un mecanismo para promover el desarrollo de proyectos empresariales, implicando una explotación sostenible del campo. La verdad es que desde el punto de vista social resulta insostenible para los hogares campesinos adoptar un “régimen de transición” para ajustarse a los lineamientos de la UPRA (art.12) y en caso contrario exponerse a ser objeto de expropiación. En términos de sostenibilidad ambiental, es conocida la fragilidad ambiental que caracteriza zonas como la Altillanura y los proyectos a gran escala que promueve este proyecto implican riesgos ambientales, según los expertos. 

Los mitos que sí son realidad

El gobierno nacional presentó en mayo el documento “Mitos y realidades de las ZIDRES”, en el que exponía nueve mitos y nueve realidades sobre el proyecto de ley 223. La coalición también revisó el documento y encontró que seis mitos y cuatro realidades están sustentados en argumentos imprecisos o falsos, como se detalla en esta imagen:

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En Oxfam estamos en contra de esta iniciativa legislativa porque atenta contra los derechos de los campesinos, campesinas y la pequeña producción agraria; porque legalizaría la acumulación irregular de tierras que llevan a cabo tanto personas como empresas; y porque esta concentración aumentaría la desigualdad que hoy sufre Colombia. Seguiremos haciendo trabajo de investigación, facilitando la articulación entre los movimientos y organizaciones sociales y políticas y difundiendo en los medios cualquier iniciativa que, como ésta, avancen en dirección contraria a la igualdad. 

En Oxfam estamos en contra de esta iniciativa legislativa porque atenta contra los derechos de los campesinos, campesinas y la pequeña producción agraria.