Las mujeres rurales de América Latina son luchadoras, no criminales

Éstas son Arminda (Bolivia), Elsi (Bolivia), Flor (El Salvador), Teresa (Guatemala), Manuela (México),  Rocío(México), Máxima (Perú),todas ellas criminalizadas en América Latina por defender alguna causa
Estas mujeres rurales de América Latina son luchadoras, NO criminales

Las mujeres que demandan el cumplimiento del derecho a la igualdad y luchan para acceder  al uso de recursos naturales y propiedad de la tierra son frecuentemente victimas de presión, amenazas o criminalización de sus actividades. En Honduras por ejemplo, entre el 2010 y el 2012 hubo más de 684 casos de campesinas procesadas en 15 departamentos del país. En 2013, la cifra sumó más de 700 expedientes judiciales en contra de mujeres que participaron en diferentes procesos de recuperación de tierras. 

Existen diversos mecanismos utilizados por diversos actores para disuadir a las mujeres de seguir luchando por su derecho a la tierra. Estas técnicas pasan por la adopción de restricciones al ejercicio de la libertad de asociación, la criminalización de las voces que denuncian violaciones a los derechos humanos, procesos penales prolongados y no acordes al principio de legalidad o la detención arbitraria y excesiva prolongación de la prisión preventiva. 

Éstas son algunas de las historias de mujeres criminalizadas en América Latina

México: Bettina Cruz

Un ejemplo de privación de libertad es el caso Bettina Cruz en México, quien es conocida por su labor en defensa del territorio y derecho a la tierra.

Bettina Cruz fue arrestada el 22 de Febrero del 2012, sin orden de arresto y sin proveerle información sobre las razones del mismo y acusada de secuestro del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con quienes tuvo una reunión poco antes de ser arrestada. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, su arresto fue directamente relacionado con su trabajo como defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Guatemala: Yolanda Oquelí y Teresa Muñoz

Igualmente, Yolanda Oquelí, líder del movimiento pacífico de San José del Golfo y San Pedro Ayampic, Guatemala, ha luchado por el derecho a la tierra y los derechos medio ambientales. En mayo de 2014, se inició un juicio por secuestro, coerción y amenazas en contra de los trabajadores de la compañía minera EXMIGUA.  En Junio de 2012, fue víctima de un intento de homicidio. originaria del municipio de Mataquescuintla, Guatemala, Teresa Muñoz, lideresa, defensora y mujer en resistencia, por siete meses fue perseguida y privada de su libertad, por defender los recursos naturales, en el caso de la Minera San Rafael. 

También se puede recurrir a la interdicción de permanecer en las tierras en conflicto hasta su resolución final. Esta técnica es usada en varios países, como Honduras. 

Autora: Joyce Rojas Allende (México)

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Perú: Máxima Acuña

En Perú se reportó el caso emblemático de Máxima Acuña, integrante de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM), propietaria de un terreno en la zona de Tragadero Grande, ubicado en las inmediaciones del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, siendo propietaria: Newmont, empresa minera peruana Buenaventura y del IFC. Ser propietaria junto con su familia del predio Tragadero Grande le ha significado a Máxima la persecusion, amenazas y enfrentamiento legal por parte de Yanacocha. 

Los Chaupe adquirieron la propiedad en 1994, y ese mismo año, la comunidad campesina de Sorochuco les otorgó certificado de posesión. Dos años después, Yanacocha compra a la comunidad, 270 hectáreas cercanas al predio de los Chaupe, que NO incluyen las tierras de la familia. En mayo de 2011, Yanacocha realizó obras en el entorno del predio. Máxima realizó una denuncia ante la fiscalía por “usurpación” de la empresa Yanacocha. En junio de ese año, la fiscalía hizo una inspección del predio y comunicó a la familia que los citaría para un careo con la empresa. Se les notificó indicando el "archivamiento de caso”. Es decir, el fiscal decidió no iniciar proceso. El 9 de agosto de ese año, personal de la empresa, acompañado de policías intentó desalojar a la familia Chaupe. Sin embargo, tal intento de desalojo no se sustentaba en ninguna decisión judicial. Ese día, la policía y el personal de la empresa agredieron físicamente a Máxima, irrumpieron en la vivienda, la destruyeron parcialmente y se llevaron los enseres básicos. Al día siguiente, Jaime Chaupe denunció el hecho a la Defensoría del Pueblo. El 11 de agosto, dos días después, la policía (DINOES) volvió, con funcionarios de la empresa y maquinaria, para destruir la vivienda de Máxima y tomar posesión del predio. Nuevamente SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL alguna. Esta vez, la policía volvió a agredir a Máxima, a su hija Jilda y a uno de sus hijos. El 12 de agosto, el fiscal fue al predio a “sugerir” que lo abandonaran y “arreglaran” el problema. La familia se negó. El 14 de agosto, cuando fueron a presentar la denuncia para que Máxima asistiera al médico legista, a fin de mostrar la agresión contra ella, encontraron al abogado y a un ingeniero de la empresa Yanacocha reunidos con el fiscal. En octubre del 2012, los Chaupe fueron sentenciados por usurpación de tierras.

El 17 de diciembre del 2014 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca declaró inocentes a Máxima Acuña y su familia por la denuncia que la minera Yanacocha interpuso por el supuesto delito de usurpación de terrenos. Ante ello, los abogados de la empresa señalaron que presentarán un recurso de casación, por el cual no se cuestionan los hechos materia de discusión en el proceso, sino si se ha realizado una interpretación indebida de la ley.

Yanacocha ha indicado en medios y pronunciamiento que existen pruebas contundentes que demuestran que Yanacocha es legítima propietaria y posesionaria de los terrenos en litigio. En febrero 2015 la seguridad de Yanacocha y la Policía Nacional irrumpieron violentamente en el terreno de Máxima y destruyeron la ampliación de su casa, convirtiéndose en un momento clave de demostración de violencia y vulneración hacia Máxima y su familia. La empresa narró los hechos en su portal web, a pesar que cuenta con políticas corporativas de Seguridad y Derechos Humanos a nivel global. Existe una medida cautelar interpuesta ante la CIDH que exige al estado peruano que cese el hostigamiento contra Máxima.

Máxima es emblemática en Perú porque expresa la lucha contra la prepotencia del poder real y oculto, así como las influencias de sectores económicos como las mineras. Según el último reporte del Global Witness, Perú ocupa el cuarto puesto a nivel mundial con el mayor numero de defensores ambientales asesinados: son 34 en los últimos 4 años.

 

Autor: Mauro Rojas

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Ecuador: Mery Zamora

El hostigamiento judicial de las mujeres luchadoras puede acompañarse de otras técnicas utilizadas para  desacreditarlas. Es el caso de la difamación y otras acciones que atenten a la reputación e imagen pública.

En Ecuador, destaca el caso de Mery Zamora, quien fue integrante de la Confederación de Mujeres por el Cambio  (CONFEMEC) y presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Debido a su trabajo y compromiso con la contestación social, siempre fue percibida por el gobierno como una amenaza.

El proceso de criminalización y enjuiciamiento a su contra empezó luego de los acontecimientos del 30-S, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, lugar una «crisis de seguridad» que se inició como una revuelta policial contra una ley salarial, y que es calificada por el gobierno de Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado en su contra.

Después de más de tres años de proceso la Corte Nacional de Justicia declara inocente. Sin embargo, se reabre el proceso porque el fiscal general del estado ecuatoriano, Galo Chiriboga, presenta un recurso improcedente legal y jurídicamente. En los últimos días fueron difundidas en Twitter imágenes montadas de carácter sexual de Mery Zamora, con las cuales se busca denigrar su condición humana, afectando su condición de mujer, madre y luchadora social.

México: Rocío Mesino 

Lamentablemente, en algunos casos de criminalización, las amenazas hacia las defensoras no quedan en letra muerta. Los casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales son frecuentes, y, según la CIDH, han aumentado en los últimos años.

El 19 de Octubre de 2013 fue asesinada Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Guerrero), fundada por el padre de Rocío.

En 2013, fue acusada de secuestro y homicidio, salió libre una semana después, después de que el juez no encontró pruebas que acreditaran las acusaciones.. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), a un año del asesinato, todavía no existe ninguna investigación seria e imparcial. Al contrario, continúan las amenazas y actos de hostigamiento contra los familiares de la defensora e integrantes de su organización.

De 2011 a la fecha, solamente en el Estado de Guerrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) ha documentado el asesinato de 6 defensoras de derechos humanos , y la desaparición de la defensora ecologista Eva Alarcón, quien se encuentra desaparecida desde el 7 de diciembre de 2011. En todos estos casos prevalece la impunidad. Casos como estos se registran continuamente en América Latina.  

Autora: Sara Chabela

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Guatemala: María Margarita Chub Che

Otro ejemplo es el Valle de Polochic, Alta Verapaz, es un lugar marcado por un violento conflicto social que empezó en marzo de 2011 con la expulsión de 769 familias campesinas e indígenas de sus viviendas.

La líder campesina María Margarita Chub Che fue asesinada por oponerse a los desalojos.

Honduras: Margarita Murillo

El mismo caso se observa en Honduras, Margarita Murillo lideresa campesina y defensora de derechos humanos, presidenta de Asociativa Campesina de Producción las Ventanas y dirigente del Foro Social del Valle del Sula, fue asesinada el 27 de agosto de 2014 por un grupo de hombres encapuchados.

La CIDH condenó este asesinato y declaró que ya había recibido informaciones según las cuales “la señora Murillo […] habría sido amenazada con órdenes de captura, perseguida, golpeada y detenida ilegalmente por las fuerzas de seguridad junto con otros líderes políticos”.

Lamentablemente, esto no fue un caso aislado en Honduras. Un poco antes, en Marzo del 2014, dos mujeres campesinas fueron asesinadas a balazos en la comunidad de Alemania del municipio Pimienta. Las dos víctimas, identificadas como Alma Yamileth Díaz y Uva Erlinda Castellanos, vivían y trabajaban en tierras que habían sido otorgados al grupo campesino por el Instituto Nacional Agrario (INA).

Sin embargo, estas tierras fueron el objeto de un conflicto con un banco privado según el cual las tierras tenían dueño. Las dos mujeres fueron asesinadas cuando se dirigían a una reunión para resolver la disputa.

Colombia: Adelinda Gómez Gaviria

En Colombia también la violencia contra los campesinos es endémica. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2013, la defensora de derechos humanos y lideresa campesina Adelinda Gómez Gaviria fue asesinada en Almaguer, Colombia. Adelinda trabajaba en una organización de mujeres campesinas y tenía un papel activo en el Foro Minero y Ambiental en Almaguer. 

Una violación clara de los derechos a la vida y a la integridad física

Estos casos son una violación clara de los derechos a la vida y a la integridad física, los cuales son protegidos por varias Convenciones Internacionales y Regionales. Según la Comisión Interamericana de la Derechos Humanos (CIDH), “este derecho es fundamental y básico para el ejercicio de cualquier otro derecho, incluyendo el derecho a defender los derechos humanos.Tanto el derecho a la vida como el derecho a la integridad personal, constituyen los mínimos indispensables para el ejercicio de cualquier actividad, y, entre ellas, la de defensa de los derechos humanos.”  

¿Cuál es el objetivo de la criminalizacion de estas mujeres?

El objetivo de esta “criminalización” es amedrentar a las campesinas en su lucha por acceder a un predio para producir.

Según la CIDH, “estos actos están dirigidos a causar temor generalizado y por consiguiente, a desanimar a las demás defensoras y defensores de derechos humanos, así como a atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia”.

 

Conoce más historias a través de estos cómics

Bolivia: Arminda

Autora: Jennifer Ramirez 

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Bolivia: Elsi

Autora: Eliane Mancera

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El Salvador: Flor Gamez

Autora: Alejandra Espino (México)

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México: Manuela e Ismael ¡Viven! 

Autora: Sanya Highland (Estados Unidos)

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