Oxfam condena el asesinato en Honduras del activista Nelson García y exige que se haga justicia

Oxfam condena energéticamente el asesinato de Nelson García, la segunda persona defensora de los derechos indígenas asesinada en menos de dos semanas. La violencia en contra de esta comunidad es escandalosa, imperdonable, y debe terminar.

García había apoyado ayer a la comunidad indígena Lenca de Río Chiquito, cuyos integrantes estaban siendo desalojados de sus tierras del sector Río Lindo en Cortés, y unos atacantes le dispararon. Es el segundo integrante de COPINH (Consejo Cívico de Pueblos Indígenas de Honduras) asesinado en el mes de marzo. La cofundadora COPINH y ganadora del Premio Goldman, Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo. Cáceres lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca previo a su muerte.

El banco holandés de desarrollo FMO y el FinnFund de Finlandia han anunciado que suspenderán sus operaciones en Honduras, incluyendo pagos pendientes al proyecto de Agua Zarca.

Las acciones de FMO y FinnFund son necesarias y bienvenidas, pero no son suficientes. Solo el retiro definitivo e inmediato de parte de todos los inversionistas ayudará a ponerle freno a la violencia y le dejará claro a las autoridades hondureñas que los ataques contra los defensores de los derechos humanos deben terminar.

Oxfam ha puesto en marcha una campaña pública exigiendo a todos los inversores internacionales, incluyendo también el Banco Centroamericano de Integración Económica y el partenariado alemán Voith-Siemens, que se retiren inmediatamente del proyecto.

Oxfam también les exige a las autoridades hondureñas que protejan a la familia de Cáceres, a otros miembros de COPINH, y al activista Gustavo Castro de México, quien resultó herido durante el atentado contra Cáceres. Al ser el único testigo, Castro sigue en Honduras donde se espera que testifique frente a las autoridades.

La campaña también urge a las autoridades de Honduras a poner en marcha una investigación independiente del asesinato bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los culpables sean llevados ante la justicia y que este ciclo abominable de violencia termine.

De acuerdo con Territorio Común, 2.500 millones de personas dependen de las tierras de comunidades que se hallan bajo el ataque concertado de poderosas élites e inversores. En un informe publicado por Oxfam y otras organizaciones socias participantes en la campaña Land Rights Now se describe cómo las comunidades locales tienen garantizados sus derechos sobre tan solo el 20% de estas tierras y, por tanto, son altamente vulnerables al acaparamiento de tierras y abusos relacionados.

El informe también evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas pro derechos sobre la tierra. Desde 2002, casi mil activistas a favor de los derechos sobre la tierra han sido asesinados en todo el mundo.

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