Siete condenas y una absolución: justicia integral para Berta Cáceres aún sigue pendiente

La Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras condenó este jueves a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la lideresa indígena y defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres. 

Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió da toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.

Para Oxfam, los avances en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la sentencia dictada por el Tribunal son pasos significativos en la búsqueda de justicia para la familia Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y Gustavo Castro, víctima de tentativa de asesinato en el mismo caso. Compartimos la demanda de la familia y del COPINH para que el Ministerio Público realice con celeridad una investigación exhaustiva, transparente y con plena participación de las víctimas hasta identificar, enjuiciar y condenar a todos los responsables.
 
“El veredicto que acaba de emitirse no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro”, dijo Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y coordinadora COPINH.
 
“La justicia a medias no es justicia. Tienen que castigar a los verdaderos actores, a los que pagaron para la asesinaran”, dijo Austraberta Flores, madre de Berta Cáceres, después de escuchar la sentencia y ver por primera vez a los asesinos de su hija.

En su fallo, el Tribunal de Sentencia demostró que en el asesinato de Berta Cáceres participaron un alto ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras. Además, concluyó que el asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa DESA, como represalia al trabajo de resistencia que desarrolló el COPINH en la defensa de los territorios indígenas, y específicamente del río Gualcarque.

Es en este sentido que la familia Cáceres y el COPINH señalan que “estas condenas son el primer escalón en la búsqueda de justicia” y exigen que las investigaciones continúen hasta que todos los autores intelectuales del crimen sean traídos ante la justicia. 

El juicio contra Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, a quien el Ministerio Público acusa como autor intelectual del crimen en contra de la vida de Berta Cáceres, iniciará en febrero del 2019. Sin embargo, la familia Cáceres y el COPINH siguen denunciando la renuencia de las autoridades hondureñas a formalizar con celeridad una acusación contra todos los responsables intelectuales, lo que agudiza la situación de impunidad con respecto a los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Según Olivia Zúniga, hija mayor de Berta Cáceres y diputada del Congreso Nacional, la culpabilidad comprobada del gerente ambiental de DESA, así como la supuesta vinculación de su presidente ejecutivo, debe sentar la base para la cancelación definitiva de la concesión otorgada a esta empresa para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El 2 de marzo del 2018, Olivia presentó una propuesta de ley al Congreso Nacional para la cancelación de la concesión, que aún espera la aprobación de los diputados.

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