Tres meses pasaron desde la entrega de las más de 37.500 firmas en apoyo a la petición de tierra para las familias campesinas afectadas por el caso Curuguaty, resultado de la campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”.
El día de ayer se cumplieron 2 años y 8 meses del desalojo violento ocurrido en las tierras estatales conocidas como Marina kue, donde 17 personas perdieron la vida el 15 de junio de 2012.
"El Gobierno del presidente Horacio Cartes no ha avanzado en dar respuesta al pedido de las comunidades, dilatando el proceso de diálogo y evitando la responsabilidad estatal en el tema" señaló Oscar López, director de Oxfam en Paraguay, sobre la actual situación del grave caso de acaparamiento de tierras.
Caso Curuguaty
Durante 2014, la organización internacional Oxfam impulsó ‒junto a las comunidades afectadas y organizaciones locales‒ una campaña sobre el conocido caso Curuguaty, como ejemplo de la desigual distribución de la tierra en el país.
A la movilización ciudadana, expresada en las miles firmas que llegaron desde 60 países diferentes, se sumó la presión internacional. En la última fase de la campaña, destacó el apoyo de legisladores y personalidades políticas de Estados Unidos, España y América Latina y el Caribe, solicitando al presidente Horacio Cartes una solución urgente para las familias campesinas que demandan la recuperación por parte del Estado de la propiedad conocida como Marina kue, ocupada de forma irregular por una empresa privada.
Sin respuesta del Gobierno a nuestra petición
Mientras avanza el contador de días, instalado para monitorear el tiempo trascurrido sin una respuesta gubernamental a la petición, el presidente no se ha manifestado públicamente sobre el caso de acaparamiento. Tampoco lo ha hecho frente a la denuncia que lo involucra directamente en un caso de apropiación irregular de tierras públicas, difundida el pasado 4 de febrero a través de un comunicado por el Frente Guasu, principal fuerza política progresista del país.
Durante la dictadura militar fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 hectáreas de tierra, siendo esta una de las principales causas de la actual concentración de la tierra en Paraguay: el 1,6% de los propietarios se reparten el 80% de la tierra agrícola y ganadera.
Por su parte, organizaciones sociales nucleadas en la Articulación por Curuguaty, continúan señalando las irregularidades en torno al proceso judicial abierto tras la Masacre de Curuguaty. En diciembre de 2014, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia abrió sumario administrativo por supuestas acciones dilatorias contra los abogados que integran la defensa del grupo de campesinos acusados por la Fiscalía General. Además, la semana pasada el dirigente campesino Rubén Villalba, señalado también en la acusación fiscal del caso, fue condenado a siete años de cárcel por una causa judicial anterior que, según denuncia la defensa, debió extinguirse al pasar los plazos para un juzgamiento razonable.
Notas para editores
Sobre la campaña "Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro":
• Vídeo-resumen: http://youtu.be/fu3_E0p-b90
• Infografía en línea: www.quepasaenparaguay.info/Curuguaty
Para mayor información:
• www.oxfam.org/es/Curuguaty
• www.oxfamintermon.org/Curuguaty
• www.quepasaenparaguay.info
• www.facebook.com/oxfamenparaguay
• www.facebook.com/curuguatypy
• www.quepasoencuruguaty.org
Notas para la edición:
Donadas al Estado paraguayo en 1967, las tierras de Marinakue permanecen en poder de una empresa latifundista dedicada al cultivo de soja, que registró la propiedad a través de un proceso judicial fraudulento.
El caso de acaparamiento de tierras en cuestión tiene lugar en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, la zona de mayor producción de soja del país y escenario frecuente de crímenes vinculados al narcotráfico y otros negocios ilegales. Las familias y jóvenes que demandan las tierras de propiedad estatal desde hace más de 10 años fueron víctimas de un violento desalojo donde fallecieron 17 personas, seis de ellos policías intervinientes y once campesinos.
El cuestionado juicio oral y público a campesinos procesados por el caso Curuguaty, previsto para el 17 de noviembre, fue postergado por segunda vez para el 24 junio de 2015, debido a que no se realizaron las notificaciones correspondientes a las partes. Numerosos actores locales e internacionales han denunciado las irregularidades del proceso judicial de investigación de la masacre, siendo la principal que ningún policía o fiscal fue siquiera investigado, aunque existen indicios serios de que 9 campesinos fueron ejecutados por agentes de la policía durante el trágico desalojo.
El episodio forma parte de lo que organizaciones de derechos humanos denominan "plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino", con 115 casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en Paraguay durante los últimos 25 años de gobiernos pos dictatoriales (1989-2013).
Información de contacto
Carolina Thiede, Oficial de Comunicación de Oxfam en Paraguay.
Móvil: +595 976 936671. Oficina: +595 21 602011.
Email: lcthiede@oxfamintermon.org
Sobre la campaña "Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro":
• Vídeo-resumen: http://youtu.be/fu3_E0p-b90
• Infografía en línea: www.quepasaenparaguay.info/Curuguaty
Para mayor información:
• www.oxfam.org/es/Curuguaty
• www.oxfamintermon.org/Curuguaty
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• www.quepasoencuruguaty.org
Notas para la edición:
Donadas al Estado paraguayo en 1967, las tierras de Marinakue permanecen en poder de una empresa latifundista dedicada al cultivo de soja, que registró la propiedad a través de un proceso judicial fraudulento.
El caso de acaparamiento de tierras en cuestión tiene lugar en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, la zona de mayor producción de soja del país y escenario frecuente de crímenes vinculados al narcotráfico y otros negocios ilegales. Las familias y jóvenes que demandan las tierras de propiedad estatal desde hace más de 10 años fueron víctimas de un violento desalojo donde fallecieron 17 personas, seis de ellos policías intervinientes y once campesinos.
El cuestionado juicio oral y público a campesinos procesados por el caso Curuguaty, previsto para el 17 de noviembre, fue postergado por segunda vez para el 24 junio de 2015, debido a que no se realizaron las notificaciones correspondientes a las partes. Numerosos actores locales e internacionales han denunciado las irregularidades del proceso judicial de investigación de la masacre, siendo la principal que ningún policía o fiscal fue siquiera investigado, aunque existen indicios serios de que 9 campesinos fueron ejecutados por agentes de la policía durante el trágico desalojo.
El episodio forma parte de lo que organizaciones de derechos humanos denominan "plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino", con 115 casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en Paraguay durante los últimos 25 años de gobiernos pos dictatoriales (1989-2013).
Carolina Thiede, Oficial de Comunicación de Oxfam en Paraguay.
Móvil: +595 976 936671. Oficina: +595 21 602011.
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