Desigualdad extrema y servicios sociales básicos

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Nuestro sistema económico actual no funciona. En Ghana, España, la India, República Dominicana o Brasil, encontramos niveles de riqueza absurdos junto con casos de pobreza extrema. Desde 2015, la población más rica, que supone un 1 %, posee más riqueza que el resto del planeta. En muchos países del mundo las pequeñas élites se apropian de una proporción cada vez mayor de los ingresos nacionales, mientras que cientos de millones de personas todavía no tienen acceso a agua potable o alimentos suficientes para sus familias.

La desigualdad extrema nos perjudica a todos y a todas, pero especialmente a las personas más pobres, sobre todo a mujeres y niñas. Poco importa lo duro que trabajen, demasiadas comunidades viven en la miseria debido a sueldos bajos y no tienen acceso a derechos básicos. En muchos países contar con una educación decente o con servicios sanitarios de calidad se ha convertido en un lujo que solo las personas ricas puedan permitirse. 

Echemos un vistazo a las cifras 

26 personas poseen lo mismo que los 3.800 millones que conforman la mitad más pobre de la humanidad.

El número de personas milmillonarias se ha duplicado desde que estalló la crisis financiera y sus fortunas crecen a un ritmo de 2.500 millones de dólares por día.

Más de 750 millones de personas (1 de cada 10) siguen viviendo en la pobreza extrema en el Sur global, especialmente en África subsahariana.

Cada año 100 millones de personas en todo el mundo se sumen en la pobreza debido a que se ven obligadas a pagar por la sanidad de su bolsillo. 

Solo con conseguir que ese 1 % más rico pagase un 0,5 % más de impuestos por su riqueza estaríamos recaudando más dinero de lo que nos costaría ofrecer una educación a 262 millones de niños y niñas.

La desigualdad extrema: un obstáculo para reducir la pobreza

La brecha entre personas ricas y pobres aumenta cada año, lo que provoca profundas diferencias en el acceso a oportunidades. Además, agrava las desigualdades presentes en otras áreas: de género, geográficas, étnicas, raciales, de casta o religiosas. Asimismo, perjudica nuestras economías, alimenta la indignación pública en todo el mundo e impide acabar con la pobreza global.

La tendencia a la reducción de los ingresos personales y los impuestos de las empresas constituyen una buena parte del problema. En la actualidad los servicios públicos sufren un déficit crónico de financiación o se subcontratan a empresas privadas. Mientras, muchos gobiernos no exigen impuestos suficientes a las empresas y la población rica, lo que los lleva a perder importantes cantidades de dinero que podrían invertirse en colegios, hospitales o carreteras. La evasión de impuestos por parte de las empresas cuesta a los países pobres al menos 100.000 millones de dólares cada año.

Luchamos por un mundo más justo

Desde Oxfam trabajamos para garantizar que las personas en situación de pobreza reciban una parte del poder y los recursos que les ayudarán a reducir la pobreza y la desigualdad. Para ello, hacemos incidencia política para poner fin al secretismo financiero que permite ocultar billones en paraísos fiscales o promovemos las inversiones en educación y sanidad universales. Contamos con una amplia experiencia a la hora de ofrecer programas y campañas que promueven los derechos humanos a través de nuestra labor en materia de impuestos, presupuestos y responsabilidad social. 


Nuestras principales medidas son:

  • Invertir en trabajo en justicia fiscal y movilización de recursos domésticos, y defender políticas fiscales más justas y a favor de quienes viven en la pobreza.
     
  • Ayudar a la sociedad civil a hacer un seguimiento del sistema de financiación público y a exigir responsabilidades a los gobiernos para que ofrezcan servicios públicos gratuitos de calidad. 
     
  • Hacer campaña a favor de los servicios sanitarios y educativos, y proporcionar apoyo a las organizaciones que trabajan junto a los gobiernos para encontrar formas innovadoras de llegar hasta las mujeres y las niñas.

La desigualdad extrema no es inevitable o fruto de la casualidad. Es producto de decisiones políticas y económicas deliberadas y, por lo tanto, tiene remedio.