Carta de Austra Bertha Flores: Justicia para mi hija, Berta Isabel

En noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpables a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y defensora de los derechos humanos en Honduras. 

A 38 meses del lamentable suceso, su familia, y compañeros y compañeras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) siguen exigiendo a las autoridades hondureñas que los autores intelectuales detrás del crimen también sean investigados, enjuiciados y condenados.


La Esperanza, 8 de mayo del 2019.

Estimados amigos y amigas,

Le escribo con preocupación acerca de los procesos judiciales contra las personas acusadas por el asesinato de mi hija, Berta Isabel Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.

En primer lugar, hay un retraso en la entrega de la sentencia contra las siete personas ya condenadas según el fallo emitido por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal el 29 de noviembre del 2018. Conforme al penúltimo párrafo del artículo 340 del Código Procesal Penal, toda sentencia debe entregarse dentro de los 5 días posteriores al fallo oral. Sin embargo, a cinco meses del fallo, el Tribunal aún no ha entregado la sentencia, violando así el debido proceso, el derecho a una sentencia en un plazo razonable y el derecho a impugnar dicha resolución dentro de los plazos previstos por la ley. Esta situación fue denunciada por la Misión de Observación Calificada en fecha del 10 de abril del 2019.

En segundo lugar, hemos observado irregularidades preocupantes durante la audiencia preliminar en el caso de Roberto David Castillo Mejía, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de mi hija Berta Isabel Cáceres. El 4 de abril de 2019, se inició la audiencia preliminar en la que el Ministerio Publico formalizó la acusación y solicitó se remita este caso a la etapa de juicio oral y público. Según el procedimiento establecido en el artículo 301 del Código Procesal Penal, en la audiencia preliminar el acusador formaliza la acusación, la defensa contesta cargos y el juez decide si el caso está sustentado para ir a juicio. Sin embargo, en este caso la defensa, previo a contestar cargos, solicitó que fueran escuchados los testimonios de dos expertos. La resolución de la juez fue aceptar esta solicitud, contraviniendo el debido proceso. No es usual evacuar prueba en esta etapa preliminar. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra esta resolución que está pendiente la respuesta de la Corte de Apelaciones Penal.

Por otro lado, el 5 de abril la defensa de David Castillo presentó una denuncia ante la fiscalía de enjuiciamiento de funcionarios de justicia, contra los fiscales Ingrid Figueroa y Javier Núñez señalándoles de delitos de uso de documento públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios y contra la experta en análisis de intervenciones telefónicas Brenda Barahona por los delitos de falsificación de documentos, violación de los deberes de los funcionarios, sustracción de documentos. Además, el 8 de abril la defensa presentó una recusación contra los fiscales Ingrid Figueroa y Javier Núñez y contra la experta en análisis de intervenciones telefónicas Brenda Barahona, acompañando estos documentos de denuncia. El juzgado ha remitido esta recusación a la Corte de Apelaciones.

El intento de violar el debido proceso en la audiencia preliminar parece ser una estrategia de la defensa para evitar a toda costa llegar a la etapa de juicio oral y público, donde sí es permitida la evacuación de pruebas y donde existe un nivel más alto de control ciudadano mediante la presencia en las audiencias. Las denuncias presentadas contra los dos fiscales y la experta del caso previo a la demostración de las falsedades alegadas, pueden considerarse actos de intimidación y persecución extra procesal contra los actores principales de la acusación con el fin de apartarles del caso.

Como madre de Bertha Isabel Cáceres, le solicito mantener la observación internacional de este caso, como garantía del debido proceso y aplicación de la justicia tanto para los autores materiales del asesinato de mi hija como para aquellos que ordenaron y pagaron para que la mataran.

Austra Bertha Flores López

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