El 26 de septiembre, en México mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, 20 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
El 6 de diciembre, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que unos de los restos óseos encontrados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero, correspondían al de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Aunque las muestras analizadas confirman que son los restos de Alexander Mora Venancio, el EAAF, grupo de peritos argentinos que colabora en la investigación e identificación de los restos, aclaró que no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR recuperaron los restos.
Los presuntos culpables
El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, presuntos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes siguen detenidos y continúan siendo investigados.
“Ya me cansé”
Durante un encuentro de medios de comunicación y autoridades, en la ronda de preguntas y respuestas, Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, murmullo la frase “Ya me cansé”. En cuestión de minutos las palabras del funcionario dieron la vuelta al mundo mediante las redes sociales, lo que generó una andanada de críticas en su contra. La frase ha sido tomada como un estandarte para el tema y se ha replicado tanto en movilizaciones públicas como en redes sociales.
Mientras tanto, distintas organizaciones de derechos humanos de la región y los testimonios de algunos supervivientes y familiares de las víctimas, han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano, entre ellas: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y ausencia de un protocolo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas, así como canales directos de consulta e información a los familiares sobre la investigación para localizar con vida a los desaparecidos.
Sistemática violación a los derechos humanos
Estos hechos son el episodio más reciente de una sistemática violación a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Tan sólo en los últimos dos años se ha asesinado a 4.397 personas. En diciembre de 2011 dos estudiantes de la misma escuela fueron acribillados y otros veinte fueron víctimas de tortura y malos tratos por parte de la Policía Ministerial del estado. Así mismo, en mayo de 2013, Arturo Hernández, Ángel Román y Rafael Bandera, integrantes de la organización Unidad Popular, fueron secuestrados y ejecutados; hechos en los que también estuvo involucrado José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala. En este contexto se inscriben también las detenciones de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP).
Sin embargo, esta situación no se limita al estado de Guerrero, pues a nivel nacional ha habido un innegable recrudecimiento de la violencia. La descomposición y la parálisis de las instituciones del Estado mexicano las ha mostrado incapaces de salvaguardar la vida e integridad de las personas, permitiendo que crezca la inseguridad, el terror y la zozobra. Lamentablemente, hasta este momento el país no cuenta a nivel federal ni estatal con una política de seguridad ciudadana integral, al mismo tiempo que se ha agudizado la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. La opacidad frente a violaciones a los derechos humanos, la corrupción, y la falta de acceso a la justicia han caracterizado el contexto de este país, generando un ambiente de impunidad y de desgarramiento del tejido social.
Los estudiantes deben ser encontrados vivos ya
Los crímenes que se han cometido contra los estudiantes no pueden quedar impunes. Los desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados.
100 organizaciones unidas para pedir investigaciones
Por todo lo anterior, 103 organizaciones e individuos de la sociedad civil, firmamos este documento para exigir al Gobierno federal y estatal que realicen las investigaciones correspondientes de manera imparcial.
El mundo dice “Justicia para Ayotzinapa”
En decenas de ciudades del mundo se han realizado marchas, protestas y demostraciones para exigir justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, países de América como Argentina, Brasil, El Salvador, Paraguay, Chile, Perú, Cuba, Bolivia, Puerto Rico y Estados Unidos; de Europa como Inglaterra, Dinamarca, Austria, Francia, Países Bajos, Suecia, Italia y España; de Asia como China e India, miles de estudiantes han salido y levantado la voz en las embajadas y consulados, así como a los monumentos icónicos y escuelas de sus ciudades para mostrar empatía con la situación que se vive en México.
Las muestras de inconformidad han llegado a espacios, cada vez más públicos como es el caso de la intervención de un estudiante mexicano que irrumpió en la entrega de los premios Nobel y de la mexicana que confrontó al el Presidente, Enrique Peña Nieto con la frase: “Pide perdón por Ayotzinapa” durante una asamblea agropecuaria.
Llamamos a la comunidad nacional e internacional a estar atenta de la actuación de las autoridades federales, estatales y locales en el desarrollo del proceso para que estos hechos tan graves no queden impunes
Sumamos nuestra voz en solidaridad con Ayotzinapa
Desde Oxfam México sumamos nuestra voz en solidaridad con las víctimas y sus familias, compañeras y compañeros de los acontecimientos en Ayotzinapa; exigimos a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes de manera imparcial, y expedita para que todos aquellos responsables sean llevados ante la justicia.
Como organización que apoya e impulsa a las personas para hacer valer y ejercer sus derechos, como el derecho a la vida y a la seguridad y el derecho a ser escuchado, nos preocupa el nivel de violencia en un contexto de creciente impunidad y criminalización de la protesta. Sabemos que las organizaciones de sociedad civil en todo el país y, con las que trabajamos en estados como Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, se enfrentan diariamente con los efectos del ciclo de violencia y reconocemos su labor en este difícil contexto. ¡Sin paz no hay desarrollo!
Nos sumamos a la indignación, y exigimos a las autoridades competentes asumir su responsabilidad en el asunto. En tanto no sean identificadas las personas encontradas en las fosas del municipio de Iguala, seguiremos insistiendo que las autoridades presenten a los estudiantes desaparecidos con vida. Es momento de que las autoridades se sumen a un cambio verdadero, que haga de México un país en el cual se respeten los derechos humanos, prevalezca la paz y la justicia.
Toda nuestra solidaridad con los familiares de las personas asesinadas y de las que permanecen desaparecidas.