land grabs

El compromiso del Parlamento Europeo de recortar en un 6% la cuota de biocombustibles elaborados  a partir de cultivos alimentarios para la demanda energética de transporte en el 2020

Durante los dos días que dura la cumbre del G8 que da comienzo hoy, 2.200 millones de dólares procedentes de países en desarrollo habrán sido desviados de forma ilícita a paraísos fiscales y se habrán vendido tierras con una superficie total a 1,5 veces el tamaño de Manhattan a inversores extranjeros.

Oxfam ha revelado hoy que, desde el año 2000, empresas de los países del G8 han adquirido tierras en países en desarrollo con una superficie total mayor a la de toda Irlanda y con las que se podrían alimentar cada año a 96 millones de personas, el equivalente  a la población de Reino Unido y Canadá juntos. 

El gobierno de Guatelama se ha comprometido a cumplir su compromiso de ayudar con tierras y atención alimentaria a las familias desalojadas hace un año del Valle de Polochic. La campaña impulsada por Oxfam  y la plataforma Vamos al Grano ha recogido 107 mil firmas para esta causa.

Hoy se publica un videoclip único en el que han participado miles de fans de Coldplay –entre ellos, el actor Dominic Cooper, protagonista de Mamma Mía y Capitán América, y el grupo de rock Wolf Gang– para denunciar el injusto fenómeno del acaparamiento de tierras.

En el antes tranquilo municipio de Casiguran, en Filipinas, se ha establecido ahora una zona económica especial por parte de una poderosa dinastía local. Además de estar prevista l

Investors are targeting the world’s weakest-governed countries to buy land, according to new analysis published by Oxfam to mark today’s international day of action on land grabs.

El sistema alimentario está sometido a presiones cada vez mayores, que se derivan del cambio climático, la degradación ecológica, el crecimiento demográfico, la subida en los precios de la energía,

Oxfam ha señalado, previo a las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI que se celebran esta semana en Tokio, que estas instituciones deben incrementar su apoyo a los países en desarrollo para que puedan hacer frente al aumento de los precios de los alimentos, así como a las consecuencias de la crisis fiscal europea.